La Corte Constitucional, a través de su Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia SU-020 de 2022, ha reiterado la importancia de garantizar las garantías de seguridad para la población firmante del Acuerdo Final de Paz en proceso de reincorporación. En esta sentencia, se declaró un estado de cosas inconstitucional debido a la sistemática vulneración de derechos fundamentales como la vida, la integridad y la seguridad de esta población.

Órdenes estructurales para la protección de los firmantes

Entre las órdenes estructurales dictadas se incluyen la reevaluación del riesgo para los firmantes y la priorización de la atención en territorios especialmente afectados por la violencia. Además, se establecieron medidas para asegurar el cumplimiento integral del componente de garantías de seguridad, incluyendo asignaciones presupuestales para programas especializados y la creación de instancias como la Mesa Técnica de Seguridad y Protección.

Seguimiento y exigencia de informes

En seguimiento a estas disposiciones, la Sala ha solicitado informes a diversas entidades para evaluar los avances en la implementación de dichas órdenes. Sin embargo, algunas instituciones clave, especialmente la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz y la Fiscalía General de la Nación, no han presentado los informes requeridos en el Auto 417 de 2025, que incluía cuestionarios específicos sobre el funcionamiento de planes y programas relacionados con la seguridad. Ante esta situación, la Sala ha ordenado a estas entidades entregar los informes pendientes en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la notificación de esta providencia. Esta medida busca asegurar la transparencia y el cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales, fundamentales para la protección de la población en...