La Corte Constitucional analizó la demanda presentada contra las expresiones “la decisión que niega pruebas en etapa de juicio” y “cuando se niegue la totalidad de las pruebas y se decreten de oficio, o la negación de pruebas a solicitud del disciplinado sea parcial”, contenidas en el artículo 134 del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019). El demandante argumentaba que estas disposiciones vulneraban los derechos constitucionales a la igualdad, al debido proceso y a la doble instancia, al impedir la interposición del recurso de apelación contra decisiones que niegan pruebas en la etapa de investigación disciplinaria.

Antecedentes y argumentos de la demanda

La demanda fue presentada bajo la figura de omisión legislativa relativa, señalando que la regulación actual excluye la posibilidad de apelar decisiones sobre pruebas en la fase de investigación, a diferencia del régimen anterior (Ley 734 de 2002), lo que generaría desigualdad procesal y afectaría garantías fundamentales. Se argumentó que dicha omisión limita el acceso a la justicia y el derecho a la defensa, al restringir el control judicial sobre la valoración probatoria en etapas tempranas del proceso disciplinario.

Intervenciones y conceptos técnicos

En el proceso intervinieron diversos ciudadanos y entidades académicas que presentaron conceptos técnicos con posiciones divididas. Algunas intervenciones apoyaron la demanda, señalando la necesidad de garantizar el recurso de apelación en todas las etapas del proceso disciplinario para asegurar un debido proceso efectivo. Otros conceptos defendieron la constitucionalidad del artículo 134, argumentando que la regulación busca promover la celeridad procesal sin afectar derechos fundamentales y que la Constitución otorga libertad al legislador para configurar los recursos procesales.

Decisión de...