Antecedentes del caso

La UGPP expidió una liquidación oficial en 2017, determinando aportes y sanción por omisión en los pagos de salud y pensión correspondientes al año 2014. La persona afectada no interpuso recurso de reconsideración, sino que presentó una solicitud de revocatoria directa que fue confirmada por la entidad. Posteriormente, se interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, alegando violaciones al debido proceso, en particular por supuestas deficiencias en la notificación de los actos administrativos. Se argumentó que la entidad aplicó normas del Estatuto Tributario para notificar actos que debían regirse por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Decisión de primera instancia

El Tribunal Administrativo accedió parcialmente a la demanda, declarando la nulidad de la liquidación oficial por vulneración a los derechos al debido proceso, defensa y contradicción. Consideró que la UGPP aplicó indebidamente las normas del Estatuto Tributario para notificar los actos administrativos en un procedimiento sancionatorio, que debía sujetarse al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Se ordenó rehacer las actuaciones administrativas y se condenó en costas a la UGPP.

Apelación y análisis del Consejo de Estado

La UGPP apeló la sentencia, argumentando la competencia legal para adelantar procesos de fiscalización y sancionatorios, así como la correcta aplicación del Estatuto Tributario para notificaciones. Explicó que los actos previos fueron notificados por correo certificado a la dirección registrada y, ante la devolución, se notificó mediante aviso según lo previsto en la normatividad. La liquidación oficial fue debidamente recibida, permitiendo interponer recursos que no fueron ejercidos oportunamente. El Consejo de Estado señaló que la UGPP sí contaba...