Antecedentes y contexto del caso

Un trabajador independiente fue objeto de una liquidación oficial por parte de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) que determinó aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y sanciones por omisión correspondientes al año 2014. La UGPP calculó la base de cotización sobre los ingresos declarados sin descontar los costos y gastos declarados en la renta, argumentando falta de pruebas documentales que acreditaran dichos costos. El trabajador interpuso una demanda solicitando la nulidad parcial de los actos administrativos, la modificación de la liquidación teniendo en cuenta los costos y gastos declarados, y el reconocimiento de estos para ajustar los aportes y sanciones.

Decisión del tribunal de primera instancia y apelación

El tribunal administrativo negó las pretensiones del demandante, señalando que la declaración de renta no justificaba por sí sola la inclusión de los costos y gastos para efectos de la UGPP, pues se requería prueba adicional de la necesidad, proporcionalidad y causalidad de dichas erogaciones conforme al artículo 107 del Estatuto Tributario (ET). Además, indicó que la carga de la prueba recaía en el demandante. Ante esta decisión, el trabajador interpuso recurso de apelación alegando que la declaración de renta tiene presunción de veracidad integral y que debía considerarse tanto ingresos como costos y gastos para determinar la base de cotización.

Pronunciamiento del Consejo de Estado

El Consejo de Estado revocó parcialmente la sentencia apelada y estableció que la valoración de la declaración de renta como medio probatorio para liquidar aportes debe ser integral, reconociendo la presunción de veracidad que ampara toda la declaración, tanto ingresos como costos y gastos. En...