Antecedentes y contexto del caso

En un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, un demandante solicitó el decreto y práctica de un informe jurado rendido por la magistrada que presidía la subsección en la que prestaba sus servicios. La prueba buscaba esclarecer hechos relacionados con la situación laboral del demandante y confirmar la fecha hasta la cual se desempeñó en su cargo. La solicitud se enmarcaba dentro de una demanda contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de la Rama Judicial.

Decisión inicial y recurso de apelación

El juzgado de primera instancia negó la solicitud, argumentando que la magistrada, en su calidad de presidenta de la subsección, ejercía funciones administrativas, lo que impedía provocar su confesión conforme a los artículos 199 y 217 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Además, se consideró que ya existían certificaciones suficientes sobre la prestación de servicios del actor, haciendo innecesaria la prueba solicitada. El demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, solicitando que la prueba fuera considerada como testimonio dada la relación jerárquica con la magistrada. Sin embargo, el juzgado confirmó la negativa y concedió la apelación para que la Sala Unitaria analizara el caso.

Fundamentos legales y análisis de la Sala Unitaria

La Sala Unitaria recordó que la prueba debe cumplir con los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad para ser decretada. Asimismo, destacó que la confesión de representantes de entidades públicas no es válida, aunque sí es posible solicitar informes escritos bajo juramento, siempre que el funcionario actúe como representante administrativo de la entidad. En el caso concreto, la magistrada presidía...