Antecedentes del caso y decisión inicial

El caso se originó con una demanda de reparación directa contra la Nación, el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, por presuntas omisiones en la protección a miembros del grupo político Unión Patriótica, quienes fueron víctimas de desplazamiento forzado y amenazas en julio de 1990. La demanda solicitaba indemnización por los perjuicios sufridos. El juzgado de primera instancia rechazó la demanda al considerar que había operado la caducidad del medio de control, puesto que el desplazamiento ocurrió en 1990 y la demanda se presentó en 2025, fuera del término legal de dos años previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Además, se sostuvo que la demandante tuvo conocimiento oportuno de la participación estatal en los hechos y que la imposibilidad para acudir a la justicia se debía a temor, no desconocimiento.

Recurso de apelación y análisis del Consejo de Estado

Contra esta decisión se interpuso recurso de apelación, argumentando que la demandante solo tuvo certeza de la responsabilidad estatal en 2023, tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció la responsabilidad directa e indirecta del Estado en la violencia contra la Unión Patriótica. También se alegó que la demandante continuaba en condición de desplazada, sin garantías para acceder a la justicia, lo que impedía la presentación oportuna de la demanda. La Sala, en ejercicio de su competencia, revocó el auto de primera instancia. Para ello, se basó en la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, que establecen que...