Antecedentes del caso

El proceso se originó tras una demanda ejecutiva presentada por una persona afectada por una privación ilegal de la libertad, en la que se reconocieron perjuicios materiales y morales a favor del demandante y sus familiares. La demanda buscaba que la Nación, a través de la Fiscalía General, el Ministerio de Defensa - Policía Nacional y la Rama Judicial, cumpliera con el pago de dichas indemnizaciones, incluyendo intereses moratorios y costas procesales. El juzgado de primera instancia libró mandamientos de pago contra las entidades públicas involucradas, ordenando el cumplimiento de las obligaciones reconocidas en la sentencia de segunda instancia. Las entidades demandadas contestaron sin proponer excepciones de mérito, argumentando que la asignación del turno para el pago está sujeta a la disponibilidad presupuestal y que esta prioridad no puede ser alterada.

Decisión de primera instancia y recurso de apelación

El Juzgado Administrativo del Circuito de Bogotá, en providencia del 20 de junio de 2024, ordenó continuar con la ejecución, señalando que la asignación del turno de pago no extingue la obligación y que no se presentaron excepciones legales válidas para detener el proceso. Por lo tanto, se rechazaron las excepciones planteadas por las entidades ejecutadas y se dispuso seguir adelante con la ejecución de la sentencia. La Policía Nacional interpuso recurso de apelación contra esta decisión, argumentando que modificar el turno de pago vulneraría derechos fundamentales al debido proceso e igualdad de los acreedores. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca analizó la procedencia del recurso.

Consideraciones y resolución del tribunal

El Tribunal concluyó que, conforme a las normas procesales aplicables, la providencia que...