Contexto del caso y antecedentes

El caso se originó con la presentación de una demanda contra la Nación, a través del Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, solicitando la declaratoria de responsabilidad administrativa y patrimonial por la muerte de dos personas ocurridas en 1996 y 1997. Las víctimas eran militantes del extinto partido político Unión Patriótica (UP) y miembros de un comité obrero. Se alegó que la omisión estatal al permitir la actuación de grupos armados ilegales, específicamente las Autodefensas Campesinas - Bloque Bananero, fue la causa de dichos hechos. Los demandantes argumentaron que tuvieron certeza de la participación estatal tras la sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 30 de enero de 2023, que reconoció la responsabilidad del Estado colombiano en las ejecuciones extrajudiciales de militantes de la UP.

Decisión inicial y recurso de apelación

El Juzgado Administrativo Oral rechazó la demanda por considerar que había transcurrido el término legal de caducidad para ejercer el medio de control de reparación directa, que es de dos años contados desde el conocimiento del daño o del acto u omisión que lo causó, conforme al artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. Se tuvo en cuenta que los demandantes presentaron denuncias ante la Justicia Transicional en 2007 y 2008, y que el Estado realizó un reconocimiento público en 2016 sobre la persecución política contra la UP. Sin embargo, el juzgado concluyó que esos hechos no modificaban el término de caducidad, el cual ya había caducado antes de la presentación de la demanda en 2024. Los demandantes apelaron esta decisión,...