Contexto del caso

En un proceso de reparación directa iniciado por una usuaria del sistema integrado de movilidad de Bogotá, se busca la declaratoria de responsabilidad patrimonial contra la Alcaldía Mayor y empresas operadoras de transporte público, tras un accidente de tránsito ocurrido en 2017. La demanda fue admitida tras subsanación y se fijaron los términos del litigio, incluyendo la participación de compañías aseguradoras llamadas en garantía.

Solicitud y negación de medidas cautelares

La parte actora solicitó medidas cautelares consistentes en el embargo de cuentas bancarias de las empresas demandadas por valores superiores a novecientos millones de pesos, con el fin de asegurar el cumplimiento de una eventual condena. Sin embargo, el juzgado de primera instancia negó esta solicitud, argumentando que no se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, en particular, no se demostró que negar la medida fuera más gravoso para el interés público ni que se causaría un perjuicio irremediable.

Fundamentos jurídicos y análisis del tribunal

El Tribunal recordó que las medidas cautelares en procesos declarativos, como el de reparación directa, deben tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda y que el embargo es una medida propia de procesos ejecutivos, no declarativos. Además, destacó que la presencia de aseguradoras llamadas en garantía representa un respaldo para el cumplimiento de una eventual condena. También señaló que la parte actora no acreditó suficientemente la situación financiera crítica de las empresas demandadas, ya que los documentos aportados no hacen parte del expediente y no fue posible realizar una valoración probatoria sobre dicho aspecto.

Conclusiones y efectos

En conclusión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la negación de las medidas cautelares solicitadas, enfatizando que la medida de embargo no es procedente en el marco de un proceso declarativo de reparación directa y que no se cumplieron los requisitos legales para su adopción. La decisión garantiza la continuidad del proceso ordinario y la protección del interés público, evitando la afectación prematura de los derechos de las partes involucradas hasta que exista una sentencia definitiva. Se notificará la providencia a las partes procesales y se continuará con el trámite correspondiente en la instancia de origen, asegurando así el debido proceso y la adecuada resolución del conflicto.

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Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirma negación de medidas cautelares en proceso de reparación directa contra empresas de transporte

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