Antecedentes y objeto de la demanda

La demanda fue interpuesta contra el Ministerio de Transporte y dos sociedades que conforman una unión temporal, solicitando la nulidad de un acto administrativo emitido por el Ministerio y de un acto administrativo negativo ficticio derivado del silencio administrativo. El demandante solicitaba que se ordenara la expedición e incorporación en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) del certificado de desintegración física total con fines de reconocimiento económico de un vehículo automotor, así como el reconocimiento y pago del incentivo económico correspondiente. Además, se pedía la condena por daños ocasionados por omisión u operación administrativa.

Decisión inicial y fundamentos

El juzgado administrativo de primera instancia rechazó la demanda argumentando que los actos administrativos impugnados no son susceptibles de control judicial, ya que se trataban de actos de trámite que no decidían el fondo del asunto ni hacían imposible continuar la actuación administrativa. Se fundamentó en el artículo 43 de la Ley 1437 de 2011 y en jurisprudencia que excluye del control jurisdiccional los actos de trámite que no resuelven definitivamente una situación jurídica.

Recurrencia y argumentos del apelante

El recurrente sostuvo que el acto administrativo del Ministerio sí era un acto definitivo, pues implicaba una decisión negativa sobre la expedición del certificado y el reconocimiento económico. Argumentó que la respuesta del Ministerio equivalía a una negativa, ya que la entidad tenía la facultad para expedir dicho certificado y no lo hizo. Además, señaló que el acto de trámite señalado imposibilitaba continuar con el procedimiento administrativo, lo que debería hacerlo sujeto de control judicial. Finalmente, indicó que la demanda incluía pretensiones acumuladas de nulidad y reparación directa, por lo cual no era procedente un rechazo genérico.

Análisis y decisión del tribunal administrativo

La sala revisora confirmó que el auto que rechazó la demanda se ajustó a derecho. Señaló que conforme a la Ley 1437 de 2011 y la doctrina jurisprudencial, los actos susceptibles de control judicial son los actos administrativos definitivos, es decir, aquellos que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o hacen imposible continuar la actuación. En el caso, la respuesta del Ministerio se consideró un acto de trámite, ya que no creó, modificó ni extinguió una situación jurídica definitiva. Por su parte, el acto administrativo negativo ficticio derivado del silencio administrativo fue calificado como un cuestionario explicativo, sin contenido decisorio. Respecto a las pretensiones de reparación directa acumuladas, el tribunal indicó que su estudio debía esperar la admisión previa de los requisitos legales, ya que no procedía analizar estas pretensiones sin resolver la nulidad y restablecimiento del derecho. En consecuencia, se confirmó el rechazo de la demanda por no ser susceptible de control judicial y se ordenó devolver el expediente al juzgado de origen para que proceda con la verificación y posible admisión del medio de control de reparación directa.

Implicaciones y conclusiones

Esta decisión reafirma la distinción entre actos administrativos de trámite y actos administrativos definitivos en el ámbito del control jurisdiccional. Los actos de trámite que no deciden el fondo ni impiden la continuidad del procedimiento administrativo no pueden ser objeto de demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa. Además, se recuerda que la acumulación de pretensiones de nulidad y reparación directa requiere un análisis secuencial conforme a la competencia del juez. Este pronunciamiento resulta relevante para funcionarios públicos, abogados y ciudadanos interesados en la naturaleza de los actos administrativos y los límites del control judicial en materia administrativa, especialmente en procedimientos relacionados con registros y certificaciones en el sector transporte.

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Tribunal administrativo confirma rechazo de demanda contra Ministerio de Transporte por actos administrativos no susceptibles de control judicial

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