El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, resolvió confirmar el auto proferido por el Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que rechazó una demanda ejecutiva presentada contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. La demanda buscaba el libramiento de un mandamiento de pago a favor del ejecutante, correspondiente a sumas derivadas de una sentencia judicial.

Antecedentes y defectos formales

La demanda fue inicialmente inadmitida para que se subsanaran defectos como la fijación de una suma determinada y la acreditación de la remisión de la demanda a la entidad ejecutada, conforme a los artículos 424 y 306 del Código General del Proceso (CGP) y al artículo 6 de la Ley 2213 de 2022. Pese a concederse un término para subsanar estas deficiencias, el ejecutante no realizó pronunciamiento alguno, lo que motivó el rechazo definitivo de la demanda.

Fundamentos jurídicos del rechazo

El Tribunal recordó que las sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas constituyen título ejecutivo, siempre que contengan una obligación expresa, clara y exigible. Para iniciar un proceso ejecutivo en la jurisdicción contencioso administrativa, la demanda debe cumplir con requisitos mínimos: indicar la condena impuesta, manifestar el cumplimiento total o parcial de la obligación y precisar la suma concreta por ejecutar. Además, la Ley 2080 de 2021 y la Ley 2213 de 2022 exigen acreditar el envío de la demanda a la entidad demandada como requisito obligatorio para la admisión del proceso.

Implicaciones y conclusiones

El fallo confirma que la ejecución de sentencias administrativas requiere el cumplimiento estricto de formalidades procesales. La ausencia de una suma líquida precisa y la falta...