El caso se originó por una demanda presentada a través del medio de control de reparación directa contra el Distrito Capital, un consorcio operador del sistema de transporte público (SITP), un banco propietario del vehículo involucrado y la compañía aseguradora correspondiente. La demanda buscaba que se declarara la responsabilidad administrativa y civil solidaria por las lesiones causadas a un peatón atropellado por un bus de servicio público. El hecho ocurrió el 18 de noviembre de 2021, cuando el demandante fue atropellado por un vehículo que prestaba el servicio público vinculado al SITP. Las lesiones incluyeron fracturas y la necesidad de cirugía, incapacidad médica y cuidados especiales que afectaron su vida cotidiana y generaron perjuicios materiales y morales. El juzgado de primera instancia rechazó la demanda por considerar que la caducidad del término para demandar había operado, tomando como fecha inicial el día siguiente al accidente y calculando el plazo de dos años que venció antes de la presentación de la demanda. Sin embargo, la parte demandante apeló argumentando que la caducidad debía contarse desde la fecha en que se calificó la pérdida de capacidad laboral, lo que implicaría un plazo diferente. El Tribunal Administrativo examinó el caso y recordó que el dictamen de pérdida de capacidad laboral no es un parámetro para iniciar el cómputo de la caducidad, ya que solo califica la magnitud del daño, pero no determina el daño mismo. Además, señaló que la calificación de invalidez no es requisito para demandar en reparación directa. Al analizar la solicitud de conciliación presentada antes del vencimiento del término y declarada fallida, la Sala...