Antecedentes del caso

El caso involucra la demanda presentada por un oficial de la Policía Nacional que fue seleccionado para realizar una maestría en el exterior, específicamente en Corea del Sur, mediante una comisión de estudios autorizada por el Ministerio de Defensa Nacional. Durante el desarrollo de esta comisión, surgieron discrepancias administrativas relacionadas con la autorización formal, el pago de salarios y la ausencia en el servicio, lo que derivó en la apertura de investigaciones disciplinarias y penales contra el oficial. A pesar de contar con resoluciones ministeriales que autorizaban la comisión de estudios, la Policía Nacional negó inicialmente la existencia de tales actos administrativos, suspendió el pago de salarios y calificó negativamente al oficial, lo que culminó en su retiro del servicio activo mediante resolución del Ministerio de Defensa Nacional. El oficial impugnó estas decisiones mediante acciones judiciales.

Conflicto de competencia entre juzgados

La demanda de reparación directa fue inicialmente asignada al Juzgado Treinta y Uno Administrativo – Sección Tercera, mientras que una demanda conexa de nulidad y restablecimiento del derecho fue radicada en el Juzgado Veintinueve Administrativo – Sección Segunda. El Juzgado Treinta y Uno declaró su incompetencia para conocer la demanda de reparación directa y remitió el expediente al Juzgado Veintinueve, que a su vez propuso un conflicto negativo de competencia alegando que la acción de reparación directa es el medio idóneo para conocer el caso, dado que busca la indemnización por los perjuicios causados por la administración en el desarrollo de la carrera policial del actor.

Consideraciones jurídicas

El Tribunal destacó que, conforme al Decreto 2288 de 1989, la Sección Segunda del...