Antecedentes y contexto del proceso

El proceso ejecutivo laboral se originó tras sentencias de primera y segunda instancia que ordenaron a CREMIL reajustar y pagar diferencias en la asignación de retiro de un beneficiario, basándose en el índice de precios al consumidor (IPC) para los años señalados. La entidad demandada cumplió con dichas órdenes mediante resolución administrativa que estableció los valores a cancelar, incluyendo capital indexado e intereses.

Decisiones judiciales y cumplimiento

Posteriormente, se libraron mandamientos de pago que incluyeron montos por indexación y diversos intereses moratorios, con la correspondiente autorización para continuar con la ejecución. La Sala Unitaria del Tribunal Administrativo evaluó las liquidaciones presentadas tanto por la parte ejecutante como por la ejecutada, modificando y aprobando las actualizaciones conforme a la normativa aplicable.

Fundamento normativo y actualización aprobada

La aprobación se fundamentó en el artículo 446 del Código General del Proceso, que regula la liquidación del crédito y las costas, y en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, que establece la efectividad de las condenas contra entidades públicas y la causación de intereses moratorios. El Tribunal aprobó la actualización de la liquidación del crédito presentada por CREMIL, que incluye intereses moratorios causados desde el 16 de abril hasta el 27 de noviembre de 2023, por un valor específico que se detalla en la resolución.

Implicaciones y siguientes pasos

Esta decisión confirma la obligación de CREMIL de cumplir con el pago actualizado, incluyendo los intereses reconocidos en la providencia. Además, se reconoció la personería del apoderado de la entidad ejecutada para efectos del proceso. Finalmente, una vez en firme la providencia, se remitirá el expediente...