El proceso ejecutivo se origina en una sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado el 4 de abril de 2018, que condenó solidariamente a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial al pago de una suma determinada. La obligación fue exigible judicialmente a partir del 19 de octubre de 2019, tras la ejecutoria de la sentencia. Los derechos crediticios reconocidos en la condena fueron cedidos en dos ocasiones a un fondo de capital privado administrado por una fiduciaria. Estas cesiones fueron debidamente notificadas a la entidad obligada al pago, la Fiscalía General ...