Antecedentes del caso

El proceso se originó tras una demanda presentada en noviembre de 2020 por varias sociedades contra el Estado, incluyendo al Ministerio de Justicia, la Fiscalía General y la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. La demanda buscaba la declaración de responsabilidad por perjuicios derivados del proceso de extinción de dominio iniciado en 2006, así como el reconocimiento de daños materiales y morales. Durante el trámite, la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., demandada en el proceso, solicitó llamar en garantía a varios depositarios provisionales que administraron las sociedades durante el proceso de extinción de dominio. Esta solicitud se sustentó en que dichos depositarios tenían un vínculo legal con las sociedades afectadas.

Decisión del tribunal y fundamentos

Mediante providencia de marzo de 2024, la subsección tercera del Tribunal Administrativo negó los llamamientos en garantía. La Sala argumentó que, aunque la solicitud indicaba a los depositarios provisionales, no se aportaron los certificados de existencia y representación legal de algunas sociedades ni se señalaron adecuadamente los domicilios para notificaciones de todos los llamados. Además, se destacó que las resoluciones administrativas que supuestamente designaron a estos depositarios fueron aportadas en formatos no accesibles (carpetas comprimidas y enlaces a almacenamiento digital) y no en archivos PDF directamente incorporados al expediente digital. Esto impidió verificar la existencia y legitimidad del vínculo legal entre la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. y los llamados en garantía. El tribunal señaló que, conforme al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la documentación probatoria debe aportarse en formato adecuado para garantizar la trazabilidad y disponibilidad, requisitos que no se cumplieron en este caso.

Implicaciones...