Contexto del caso y solicitud de dictamen pericial

En un proceso judicial instaurado por una unión temporal contra la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, se ordenó la práctica de un dictamen pericial para determinar los perjuicios económicos causados por la no adjudicación de una licitación pública. El dictamen debía ser elaborado por un contador experto inscrito como auxiliar de la justicia, y debía incluir un análisis sobre la pérdida económica y la utilidad razonable prevista en la oferta.

Ampliación del plazo para la presentación del dictamen

Inicialmente, se concedió un término de dos meses para que la parte actora presentara el dictamen pericial. Sin embargo, debido a dificultades para encontrar un profesional idóneo y a la solicitud presentada tras la expiración del plazo, el tribunal decidió ampliar el término por un mes adicional. Esta medida se justifica en la necesidad de salvaguardar el derecho de acceso a la administración de justicia.

Procedimientos posteriores y audiencia de pruebas

Una vez entregado el dictamen, la parte actora deberá certificar que se ha dado traslado a las demás partes y al Ministerio Público, quienes tendrán un plazo de quince días para pronunciarse. En ausencia de esta certificación, la Secretaría de la Sección surtirá el traslado correspondiente. Asimismo, se aplazó la audiencia de pruebas inicialmente programada para el 17 de junio de 2025. La nueva fecha fijada para esta diligencia es el 29 de julio de 2025, a las 8:30 a.m., y se realizará de manera virtual a través de la plataforma TEAMS. Será responsabilidad de la parte actora asegurar la comparecencia del perito a esta audiencia.

Notificación y transparencia del proceso

El tribunal notificará a todas las partes involucradas y al Ministerio Público por medio de los correos electrónicos proporcionados, garantizando la transparencia y correcto desarrollo del proceso judicial. En conclusión, esta decisión refleja la importancia que otorga la jurisdicción administrativa al derecho de defensa y al acceso a la administración de justicia, facilitando la adecuada presentación de pruebas en procesos que involucran procedimientos contractuales estatales. Así, se busca asegurar que todas las partes tengan la oportunidad de presentar sus argumentos y evidencias de manera completa y justa, fortaleciendo la confianza en el sistema judicial y promoviendo la transparencia en la gestión pública.

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