El pasado 20 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, admitió la demanda interpuesta por un consorcio contra la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P., relacionada con el contrato de obra COC-018 de 2015.

Detalles del caso y admisión de la demanda

La demanda alega el incumplimiento del contrato, específicamente el no pago por actividades ejecutadas como estudios, diseños, uso de predios, y stand by de maquinaria y equipos. Además, se solicita la liquidación judicial del contrato. El tribunal confirmó su competencia para conocer el proceso en primera instancia, basándose en varios aspectos legales: - El caso corresponde a la jurisdicción administrativa según el artículo 141 del CPACA. - La ejecución del contrato ocurrió en el municipio de Cajicá, conforme al artículo 156 del CPACA. - La cuantía supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, superando los $12.969.373.802 pesos. - Se cumplió el requisito de conciliación prejudicial ante la Procuraduría, el cual fue declarado fallido. - Se ajusta a lo previsto en el literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA.

Procedimientos y notificaciones

Tras la admisión, se ordena: - Notificar a la parte demandada por medio electrónico y físico. - Notificar al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, conforme a los artículos 197 a 199 del CPACA. - Correr traslado de la demanda a la parte demandada y vinculados por un término de 30 días para contestar y aportar pruebas. - Reconocer personería al apoderado judicial del demandante, en los términos del proceso.

Implicaciones y próximos pasos

La admisión de la demanda es el primer paso para que el tribunal analice las pretensiones de incumplimiento y liquidación contractual. La parte demandada tendrá oportunidad de contestar y presentar pruebas en los plazos establecidos. Este proceso judicial podría sentar precedentes en la gestión de contratos públicos en la región. En conclusión, esta admisión marca el inicio formal de un proceso judicial que busca resolver una controversia contractual importante dentro del sector público local, con implicaciones para la administración y contratación pública. Se espera que el desarrollo del caso aporte claridad y fortalezca las garantías en la ejecución de contratos de obra en el futuro.