Contexto y antecedentes del caso

El caso se originó a partir de una petición presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se alegaba la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la presunta violación de varios derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial. Los hechos se relacionan con la ejecución extrajudicial de una persona ocurrida en agosto de 2000 y la falta de una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias. La CIDH declaró la admisibilidad de la petición y, tras varias reuniones, las partes suscribieron un acuerdo de solución amistosa en mayo de 2023, en el que el Estado reconoció su responsabilidad internacional por la violación de derechos relacionados con las garantías y protección judiciales. Además, se comprometió a continuar con las investigaciones y a tramitar la indemnización conforme a la Ley 288 de 1996.

Aspectos clave del acuerdo conciliatorio

El acuerdo conciliatorio, aprobado en marzo de 2025, establece una indemnización total superior a mil doscientos cincuenta millones de pesos, que incluye perjuicios morales y materiales. El pago se realizará conforme al artículo 195 de la Ley 1437 de 2011, con un periodo inicial de cuatro meses sin causación de intereses. Este mecanismo de conciliación prejudicial es un trámite especial previsto en la Ley 288 de 1996, destinado a facilitar la indemnización a víctimas de violaciones de derechos humanos cuando existen decisiones previas de órganos internacionales como la CIDH. La aprobación del acuerdo exige cumplir con requisitos legales, entre ellos la existencia de un concepto favorable emitido por un comité interministerial y...