El tribunal confirmó la admisión de la demanda presentada por la Fiduciaria, que busca que la UAEPC expida nuevamente la liquidación certificada de deuda ajustada únicamente a las cuotas partes que cumplan con los requisitos normativos vigentes. Además, se solicita que se incluya en la liquidación al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entidades vinculadas al proceso.

Suspensión y reanudación del proceso con nuevas partes

En diciembre de 2022, el tribunal ordenó vincular al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como litisconsortes necesarios, lo que produjo la suspensión del proceso hasta que se les notificara y se les permitiera ejercer su derecho de defensa. Tras la notificación y la presentación de contestaciones por parte de estas entidades, el tribunal determinó que el proceso está saneado y puede continuar sin irregularidades o vicios que afecten su validez.

Pruebas y litigio

Se admitieron como pruebas los documentos aportados por las partes demandante y demandadas, incluyendo antecedentes administrativos y documentales relevantes para el caso. El tribunal declaró cerrado el periodo probatorio y fijó el litigio en torno a cuatro cuestiones jurídicas clave: - La legitimación en la causa por pasiva del PAR Caja Agraria como deudor de la obligación liquidada. - El cumplimiento por parte de la UAEPC de los requisitos establecidos en las circulares conjuntas para la constitución de la deuda por cuotas partes. - La procedencia de incluir en la deuda cuotas partes de pensionados no consideradas en el cálculo actuarial durante el proceso de liquidación forzosa. - La posible vulneración del debido proceso en la actuación de la UAEPC frente a los recursos presentados por la Fiduciaria.

Próximos pasos

El tribunal otorgó un plazo de diez días para que las partes y el agente del Ministerio Público presenten sus alegatos de conclusión. Este trámite garantiza el derecho de defensa y el debido proceso en la etapa final del procedimiento. Se destaca que, aunque algunas partes ya habían presentado alegatos anteriormente, el traslado a los nuevos litisconsortes requiere un nuevo ciclo de presentación para completar el contradictorio. Con esta providencia, el tribunal prescindió de la audiencia inicial y confirmó la personería de los apoderados de las entidades involucradas, asegurando la validez y transparencia del proceso. Este caso representa un análisis judicial relevante sobre la forma en que se deben liquidar las cuotas partes pensionales en procesos de liquidación de entidades públicas, con implicaciones para la administración de fondos y la protección de los derechos de las partes involucradas. Se espera que la decisión final del tribunal siente un precedente importante para futuros procesos similares y refuerce la claridad y legalidad en la gestión de las obligaciones pensionales en Colombia.