Antecedentes del caso

El proceso judicial se originó por una sanción impuesta debido a la no declaración tributaria, en la que la entidad demandada fue la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). La sentencia de primera instancia, proferida el 9 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, negó las pretensiones del demandante. Posteriormente, se interpuso recurso de apelación el 16 de mayo de 2024, dentro del término legal, aunque inicialmente la notificación de la sentencia se realizó por estado y no de manera personal.

Decisión del tribunal y procedimiento

El tribunal detectó la irregularidad en la notificación personal y ordenó subsanar este error, lo que se cumplió el 8 de julio de 2024, garantizando así el debido proceso. A pesar de que el recurso de apelación fue presentado antes de la notificación personal, se consideró oportuno debido a que el demandante tuvo conocimiento de la providencia mediante la notificación por estado. Durante el trámite, el expediente estuvo archivado desde el 25 de julio de 2024 hasta el 7 de abril de 2025 por falta de impulso procesal, situación que fue subsanada tras la presentación de un memorial.

Impacto y consecuencias jurídicas

El tribunal concedió efecto suspensivo al recurso de apelación, lo que implica la suspensión de los efectos de la sentencia mientras el Consejo de Estado revisa el caso. Esta medida permite garantizar la protección de los derechos del recurrente durante el proceso de revisión. Finalmente, se ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado para su conocimiento y trámite, notificando a las partes correspondientes por correo electrónico.

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