Contexto y alcance del proceso

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto fechado en mayo de 2025, admitió una demanda presentada contra la Unidad Administrativa Especial – DIAN, que cuestiona la legalidad de la Liquidación Oficial de Revisión No. 2023000050000005, del 19 de enero de 2023, y la Resolución 145 del 10 de enero de 2024, relacionadas con el impuesto sobre la renta y complementario del año gravable 2018. El litigio se centra en determinar la procedencia de deducciones por gastos de distribución y pagos al exterior, la acreditación de la nacionalidad de una empresa extranjera vinculada a la demandante, la correcta aplicación del acuerdo tributario entre Colombia y Estados Unidos, la valoración del precio pactado en contratos de compraventa de coque metalúrgico y la procedencia de sanciones por inexactitud.

Pruebas y valoración jurídica

La demandante aportó diversas pruebas documentales, incluyendo certificados de calidad, documentos de nacionalidad de empresas extranjeras, contratos internacionales y opiniones técnicas. La entidad demandada contestó la demanda oportunamente y solicitó el rechazo de ciertos documentos en idioma extranjero por no cumplir con requisitos de traducción, solicitud que fue desestimada al comprobarse que las traducciones fueron realizadas por intérpretes oficiales. Asimismo, se valoró como válida la opinión técnica aportada, bajo el principio de sana crítica, diferenciándola de una prueba pericial formal y reconociendo su utilidad para el esclarecimiento del caso. El Tribunal negó solicitudes probatorias consideradas innecesarias o improcedentes, tales como oficiar a la Cámara de Comercio para certificar costumbres mercantiles y citar testigos expertos, fundamentándose en que las pruebas aportadas son suficientes y en el deber de las partes de evitar pruebas...