Contexto y antecedentes del caso

Una empresa del sector de servicios públicos domiciliarios presentó demanda contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, solicitando la nulidad de varios actos administrativos. Entre estos se encuentran la liquidación oficial de una contribución especial y las resoluciones que resolvieron recursos de reposición y apelación relacionados con dicha liquidación. La demanda fue admitida, y la entidad demandada presentó su oposición acompañada de los antecedentes administrativos.

Aplicación del artículo 182A de la Ley 2080 de 2021 y fijación del litigio

El Tribunal recordó que el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (adicionado por la Ley 2080 de 2021) establece los requisitos para dictar sentencia anticipada antes de la audiencia inicial cuando el asunto es de puro derecho y no requiere práctica de pruebas adicionales. En este caso, el análisis determinó que las pruebas documentales aportadas por las partes son suficientes para resolver el asunto, por lo que no es necesario decretar pruebas de oficio. El litigio se fijó en torno a tres puntos principales: - La posible inconstitucionalidad de la resolución que estableció la tarifa que fundamentó la liquidación impugnada. - La presunta vulneración del debido proceso y derecho de defensa, por no haberse adelantado procedimiento previo a la expedición de la liquidación. - La adecuación de la base gravable determinada a los gastos de funcionamiento asociados al servicio, según lo estipulado en la ley.

Decisión procesal y próximos pasos

En consecuencia, el Tribunal aplicó la figura de la sentencia anticipada y corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presenten sus alegaciones finales en un...