Antecedentes del proceso

Una cooperativa del sector salud presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la entidad promotora de salud en liquidación, impugnando dos resoluciones administrativas que calificaron y graduaron las acreencias presentadas oportunamente. La demanda señala que dichas resoluciones reconocieron parcialmente el crédito reclamado y aduce que existen vicios que afectan su validez, incluyendo la omisión de vigilancia por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud sobre el proceso liquidatorio. El proceso fue inicialmente remitido a la jurisdicción laboral, pero la Corte Constitucional determinó que correspondía conocerlo al Tribunal Administrativo. Por ello, este último avocó conocimiento y dejó sin efectos la remisión anterior.

Consideraciones y decisiones del tribunal

El tribunal destacó que la controversia se centra en la legalidad de las decisiones adoptadas por el agente especial liquidador en el reconocimiento de acreencias. En virtud de ello, ordenó vincular en calidad de demandado al agente liquidador para garantizar el derecho al debido proceso y defensa, dado que sus actuaciones dentro del proceso liquidatorio son objeto de impugnación. Asimismo, requirió a la Superintendencia Nacional de Salud y a la apoderada judicial de la entidad en liquidación para que informen sobre el estado actual de la entidad, incluyendo la existencia de actos administrativos que acrediten su situación jurídica actual y la posible existencia de patrimonio autónomo de remanentes. El tribunal también solicitó información sobre la dirección electrónica o física autorizada para recibir notificaciones judiciales del agente liquidador, a fin de realizar las notificaciones correspondientes de manera personal y conforme a la normativa vigente.

Implicaciones y...