Antecedentes del caso

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca analizó el proceso en el que una empresa demandó a la Superintendencia de Industria y Comercio, cuestionando la legalidad de varias resoluciones que impusieron sanciones por presuntas infracciones al régimen de protección al consumidor. Las sanciones se derivaron de un posible defecto de fabricación en un producto eléctrico, que podría ocasionar accidentes.

Decisión de sentencia anticipada

El Tribunal consideró que se cumplen las condiciones para dictar sentencia anticipada conforme a los literales b) y d) del numeral 1 del artículo 182A de la Ley 2080 de 2021. En este sentido, no se convocará a audiencia inicial, y se procederá a resolver sobre las excepciones previas, fijar el objeto de la controversia, resolver sobre las pruebas y correr traslado para alegatos de conclusión.

Implicaciones jurídicas

La decisión implica un trámite más ágil del proceso, al eliminar la necesidad de audiencia inicial cuando no existen pruebas adicionales por practicar o cuando las solicitadas son impertinentes o inútiles. En este caso, las pruebas documentales aportadas por ambas partes fueron consideradas suficientes por el Tribunal.

Proceso probatorio y traslado para alegatos

Se incorporaron las pruebas documentales aportadas por la empresa y la Superintendencia, incluyendo antecedentes administrativos accesibles para las partes. La solicitud de práctica de pruebas adicionales fue negada por estar ya incorporadas en el expediente. Finalmente, se otorgó un término de diez días para que las partes presenten sus alegatos escritos, tras lo cual se emitirá la sentencia por escrito.

Resumen de cambios y efectos prácticos

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