Antecedentes del caso

El proceso se originó por una demanda de nulidad simple contra los decretos mediante los cuales se designaron magistrados del Tribunal Superior Militar y Policial. La demanda alegaba que las designaciones vulneraron disposiciones al nombrar únicamente a personas pertenecientes al Ejército Nacional y no a la Policía Nacional, además de desconocer el derecho al juez natural derivado del fuero penal militar. Tras la sentencia de primera instancia favorable a la demanda, se declaró la nulidad de todo lo actuado y se vinculó a la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.

Solicitud de intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado manifestó su intención de intervenir en el proceso conforme a lo establecido en los artículos 610 y 611 del Código General del Proceso. Esta intervención se fundamenta en la facultad de proteger los intereses patrimoniales del Estado y actuar como apoderada judicial de entidades públicas. Los artículos citados establecen que la Agencia puede intervenir en cualquier estado del proceso, proponer excepciones, aportar pruebas, interponer recursos y solicitar medidas cautelares, entre otras facultades. Además, la ley prevé la suspensión automática del proceso por 30 días desde la radicación del escrito de intención de intervención, siempre que esta se presente después del término de traslado de la demanda.

Decisión del tribunal

El tribunal aceptó la solicitud de intervención y declaró la suspensión del proceso desde la fecha de radicación del escrito hasta 30 días después. Asimismo, reconoció la personería adjetiva al apoderado especial designado por la Agencia para actuar en representación...