Contexto del caso y solicitud de suspensión provisional

La sociedad demandante interpuso una acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en particular la Resolución No. 42815 de 2022, que imponía sanciones por infracciones al régimen de protección de la competencia, y la Resolución No. 35641 de 2023, que resolvía recursos de reposición. En conjunto con la demanda, solicitó la suspensión provisional de la Resolución 42815, argumentando violaciones al debido proceso, al derecho de defensa y al principio de legalidad, y alegando que la SIC se extralimitó al ordenar la terminación inmediata del contrato de unión temporal que vinculaba a varias empresas.

Argumentos de la demandante y de la Superintendencia

La parte demandante sostuvo que la SIC no respetó el debido proceso al no vincular a terceros afectados, como las demás empresas integrantes de la unión temporal y sus empleados, y al no valorar adecuadamente pruebas relevantes presentadas, incluyendo miles de archivos que demostrarían la inocencia frente a las acusaciones de prácticas restrictivas de la competencia. Además, señaló que la orden de terminación del contrato excedía las competencias legales de la SIC y debía ser decidida por un juez competente. Por su parte, la SIC defendió la legalidad de sus actuaciones, señalando que la investigación administrativa concluyó que las empresas involucradas implementaron un sistema coordinado para limitar la libre competencia en la distribución de licores producidos por la Fábrica de Licores de Antioquia. La entidad argumentó que la suspensión provisional no procedía porque no se cumplían los requisitos legales, y que un análisis...