Contexto y antecedente del caso

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en decisión del 19 de mayo de 2025, atendió una acción popular que evidenció discrepancias en la gestión presupuestal para atender la emergencia declarada mediante el Decreto 037 de 2024. En particular, se detectó que la UNGRD solicitó formalmente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público recursos por 1.5 billones de pesos para el plan, pero la asignación efectiva fue de un monto significativamente menor y destinado a otra entidad, la Fuerza Aérea Colombiana.

Requerimientos y respuestas administrativas

El Ministerio de Hacienda informó inicialmente que no se habían solicitado recursos para ejecutar el plan, contradiciendo la documentación presentada por la UNGRD que evidencia múltiples solicitudes formales entre febrero y septiembre de 2024. Además, se expidió la Resolución 3856 de diciembre de 2024, que acreditó un presupuesto para la UNGRD, pero destinado a fines distintos a la ejecución del Plan de Acción Específico.

Implicaciones y medidas ordenadas

Debido a las contradicciones y la falta de claridad en la asignación y uso de los recursos, el Tribunal ordenó conformar una mesa de trabajo integrada por la UNGRD y el Ministerio de Hacienda para elaborar un informe conjunto que aclare la situación financiera del plan. Este informe deberá presentarse en la primera semana de junio de 2025, con el fin de garantizar la transparencia y facilitar la ejecución oportuna de las fases de rehabilitación y reconstrucción previstas.

Impacto jurídico y operativo

Esta providencia destaca la importancia de la coordinación interinstitucional y la transparencia en la gestión de recursos públicos para emergencias nacionales. Además, establece un precedente para el seguimiento judicial...