Contexto y solicitud de coadyuvancia

El tribunal revisó la solicitud presentada por los representantes legales de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), quienes manifestaron su interés en adherirse a las pretensiones de la acción popular interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho. El objetivo es que se ordenen medidas cautelares que impidan al presidente de la República continuar realizando manifestaciones que afecten la libertad de expresión y el pluralismo informativo. Esta solicitud se fundamenta en el artículo 24 de la Ley 472 de 1998, que permite a personas naturales o jurídicas coadyuvar en acciones populares antes de que se profiera fallo de primera instancia. La coadyuvancia implica apoyar las pretensiones de la parte demandante sin formular nuevas demandas ni alterar el objeto del proceso.

Importancia de las medidas cautelares

La petición de medidas cautelares no prejuzga sobre la legalidad de las declaraciones presidenciales, sino que busca prevenir daños colectivos relacionados con la libertad de información y expresión. Se argumenta que las expresiones estigmatizantes tienen un efecto inhibitorio y silenciador sobre el ecosistema informativo, afectando especialmente a periodistas, en particular a mujeres, y poniendo en riesgo el debate público democrático. Estas medidas buscan proteger los derechos colectivos, preservar el pluralismo informativo y evitar un daño irreparable o de difícil reparación. Además, se enmarcan en los principios de prevención y precaución propios de la protección de derechos colectivos.

Decisión del tribunal

El tribunal aceptó la solicitud de coadyuvancia, reconociendo que se cumplen los requisitos legales para su admisión. Se enfatizó que la coadyuvancia permitirá a la Fundación para la Libertad de Prensa participar activamente en el proceso, apoyando las pretensiones de la parte demandante sin modificar el objeto de la acción popular. Con esta decisión, el proceso continúa su trámite, incorporando a la Fundación como parte coadyuvante para fortalecer la defensa de los derechos colectivos relacionados con la libertad de expresión y la protección del ejercicio periodístico en Colombia. Se espera que este paso contribuya a garantizar un ambiente más respetuoso y seguro para el trabajo de los periodistas en el país, promoviendo un diálogo democrático basado en el respeto y la pluralidad de ideas.

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Tribunal Administrativo de Cundinamarca admite solicitud de coadyuvancia en acción popular contra expresiones estigmatizantes del presidente

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