El caso se originó a partir de una demanda interpuesta por un particular contra el Ministerio de Educación Nacional, mediante la cual se solicitaba la nulidad de varios actos administrativos que negaron la convalidación de una maestría en educación especial e inclusión, otorgada por una universidad en México. El demandante alegó vulneración de derechos constitucionales como el derecho a la educación, la confianza legítima, la legalidad y el debido proceso. El tribunal explicó que el recurso de apelación es procedente conforme a lo establecido en los artículos 243 y 244 de la Ley 1437 de 2011, que regulan los medios de control en materia administrativa. En este caso, el recurso fue interpuesto dentro del término legal, luego de que fuera notificada la decisión que rechazó la demanda por indebida subsanación. Asimismo, se precisó que el recurso de apelación se concede con efecto suspensivo, lo que implica la suspensión de los efectos del auto apelado hasta que se resuelva el recurso en segunda instancia. Por ello, se ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado para continuar con el trámite correspondiente. Este pronunciamiento es relevante porque reafirma el derecho de los ciudadanos a impugnar decisiones administrativas que afectan la convalidación de títulos académicos extranjeros. Además, destaca la importancia de respetar los procedimientos y términos procesales para garantizar el acceso efectivo a la justicia administrativa. En resumen, la decisión del tribunal representa un avance en la protección de los derechos educativos y contribuye a la seguridad jurídica en los procesos de reconocimiento de títulos extranjeros por parte del Ministerio de Educación Nacional. El proceso continúa en...