Contexto y antecedentes del caso

El tribunal atendió la solicitud de medida cautelar relacionada con las resoluciones Nos. 54472 y 44659, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se impuso una multa por presuntas conductas restrictivas de la libre competencia económica. La sanción se fundamentó en la supuesta participación de un gerente técnico en acuerdos colusorios y direccionamiento en diversos procesos de selección contractual públicos. La investigación administrativa se basó en la existencia de un acuerdo colusorio continuado entre varias empresas del sector tecnológico para coordinar su comportamiento en múltiples procesos de selección pública, afectando la libre competencia y vulnerando principios de transparencia e igualdad. La Superintendencia identificó diez contratos adjudicados como consecuencia de estas conductas.

Argumentos de la parte solicitante

La parte demandante solicitó la suspensión provisional de las resoluciones argumentando que la Superintendencia había perdido la facultad sancionatoria por caducidad, ya que, según su interpretación, habían transcurrido más de cinco años desde la última conducta constitutiva de las supuestas infracciones. Además, cuestionó la falta de pruebas suficientes para demostrar su participación en las conductas anticompetitivas, y alegó violación del derecho al debido proceso.

Respuesta y defensa de la Superintendencia

La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que la solicitud no cumplía con los requisitos para decretar la medida cautelar. Explicó que la sanción se impuso dentro del término legal de cinco años desde la última conducta anticompetitiva y que existen pruebas suficientes que evidencian la participación activa del gerente técnico en las conductas investigadas, incluyendo coordinación, colaboración y tolerancia de las mismas. Además, indicó que el nivel probatorio requerido para demostrar...