El caso surgió a partir de una acción popular interpuesta por un servidor público vinculado a una entidad de salud nacional, quien denunció presuntas irregularidades administrativas en dicha institución. El demandante afirmó que, tras ejercer su deber legal de denuncia, fue objeto de procesos disciplinarios por parte de la Procuraduría General de la Nación, los cuales calificó como represalias institucionales. Entre las alegaciones, se destacó que la Procuraduría emitió un comunicado oficial en su página web y en su cuenta de la red social X, refiriéndose al denunciante como presunto responsable de extralimitación de funciones, sin que existiera una decisión de fondo. Según el actor, esta situación vulneraba su derecho a la presunción de inocencia, así como su dignidad, honra y buen nombre. Adicionalmente, se señaló la falta de trámite oportuno e información sobre el avance de las denuncias presentadas por el servidor público contra exdirectivas de la entidad de salud, lo que pondría en entredicho los principios de imparcialidad y legalidad que rigen la actuación del Ministerio Público. El demandante argumentó que la calificación de su denuncia como una extralimitación de funciones constituía una forma de intimidación o castigo institucional, en contravención del artículo 43 de la Ley 1474 de 2011 (Ley Anticorrupción), incorporado ahora en el artículo 62 numeral 10 del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019), que prohíbe expresamente las represalias contra servidores públicos denunciantes de corrupción.

Decisión del Tribunal

No obstante, mediante auto de 2 de mayo de 2025, la Sala inadmitió la demanda, solicitando aclaración de hechos, precisión de pretensiones, acreditación del requisito de procedibilidad y remisión de copias...