El caso surgió a partir de una acción popular interpuesta por un servidor público vinculado a una entidad de salud nacional, quien denunció presuntas irregularidades administrativas en dicha institución. El demandante afirmó que, tras ejercer su deber legal de denuncia, fue objeto de procesos disciplinarios por parte de la Procuraduría General de la Nación, los cuales calificó como represalias institucionales. Entre las alegaciones, se destacó que la Procuraduría emitió un comunicado oficial en su página web y en su cuenta de la red social X, refiriéndose al denunciante como presunto responsa ...