El tribunal, en providencia fechada el 19 de mayo de 2025, admitió la demanda presentada contra el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) por presuntas irregularidades en dos actos administrativos: la Resolución 4433 del 19 de septiembre de 2023, que ordena una expropiación por vía administrativa, y la Resolución 4796 del 11 de octubre de 2023, que confirma la primera resolución mediante un recurso de reposición.

Objeto de la demanda y pretensiones

La demanda solicita la nulidad parcial del acto administrativo por la forma en que se determinó el valor del precio indemnizatorio y la forma de pago. Además, busca la nulidad total de la resolución que confirmó la expropiación. Como consecuencia, se pretende que se restablezca el derecho del demandante a recibir una indemnización plena e integral, basada en un nuevo avalúo que considere daño emergente y lucro cesante, por un inmueble con matrícula inmobiliaria específica. Otros puntos clave incluyen la solicitud de que el IDU sea condenado al pago de valores actualizados conforme al artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), así como al pago de intereses remuneratorios y moratorios, y las costas y agencias en derecho.

Procedimiento y notificaciones

El tribunal dispuso que las notificaciones se realicen al director general del IDU o al funcionario delegado, así como al agente del Ministerio Público. Se concedió un término de cinco días para que la entidad demandada conteste la demanda y aporte pruebas. Además, se previno al IDU sobre la obligación de aportar todas las pruebas y el expediente administrativo relacionado, en orden cronológico, bajo la advertencia de que la inobservancia constituiría falta disciplinaria gravísima.

Implicaciones jurídicas

La admisión de la demanda implica el inicio del trámite judicial para revisar la legalidad de las resoluciones administrativas que ordenan la expropiación y la forma en que se determinó la indemnización. Este proceso puede sentar un precedente en materia de expropiaciones administrativas y el respeto al derecho de los propietarios a una compensación justa. El tribunal también fijó gastos del proceso que deben ser consignados por el demandante para continuar con la acción. En resumen, esta providencia abre un proceso relevante para la defensa de los derechos de los particulares frente a actos administrativos de expropiación, enfatizando la importancia de la correcta valoración y pago de las indemnizaciones. Se espera que el desarrollo de este proceso contribuya a reforzar la transparencia y equidad en la gestión pública relacionada con expropiaciones, garantizando así un trato justo a los propietarios afectados.