Antecedentes del caso

La demanda fue interpuesta mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de declarar la nulidad de la Resolución No. 0199 de 2025 del CNE. Se alegó que esta resolución fue expedida con violación del debido proceso y del principio de seguridad jurídica. Además, se solicitaba la suspensión inmediata de los efectos de dicha resolución, así como la reparación de perjuicios derivados de la incertidumbre generada en el RUPYM por la coexistencia de directivos de períodos distintos.

Fundamentos para la inadmisión

El Tribunal ordenó al demandante subsanar errores relacionados con la representación judicial, la identificación clara de hechos y pretensiones, los fundamentos de derecho que sustentan la nulidad, y la acreditación de la interposición y agotamiento de recursos previos, entre otros aspectos formales. Sin embargo, el demandante no realizó las correcciones dentro del término legal otorgado.

Decisión y consecuencias

Al vencer el plazo para la subsanación sin que se presentaran las correcciones requeridas, el Tribunal aplicó lo establecido en el artículo 169 numeral 2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), rechazando la demanda. En consecuencia, se archivó el expediente y se devolvieron los anexos sin necesidad de desglose.

Implicaciones jurídicas

Esta decisión reafirma la importancia del cumplimiento estricto de los requisitos procesales en la presentación de demandas administrativas. El rechazo por falta de subsanación implica que las impugnaciones que no cumplen con las formalidades no serán admitidas, lo que contribuye a la seguridad jurídica en los procedimientos administrativos relacionados con el registro de partidos y movimientos políticos.

Resumen de plazos y requisitos

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