El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, resolvió rechazar de plano un medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos presentado contra la Superintendencia de Transporte. La acción buscaba exigir el cumplimiento de una resolución administrativa y el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011, relativo al período probatorio en procedimientos administrativos sancionatorios.

Requisito de procedibilidad: constitución en renuencia

La Ley 393 de 1997 establece como requisito para admitir la acción de cumplimiento la constitución en renuencia, que implica que el demandante debe haber reclamado previamente el cumplimiento del deber legal o administrativo a la autoridad correspondiente y esta debe haberse ratificado en su incumplimiento o no haber contestado en un plazo de diez días. Esta reclamación debe ser una solicitud expresa y precisa, no una simple petición genérica. En el caso analizado, la parte demandante no demostró haber agotado este requisito, ya que no presentó prueba de la solicitud dirigida a la Superintendencia de Transporte para que cumpliera con la norma o acto administrativo alegado como incumplido.

Implicaciones y procedimiento

Por no cumplirse el requisito de procedibilidad, el Tribunal decidió devolver la demanda con sus anexos a la parte demandante y archivar el proceso. Se aclaró que esta decisión no genera cosa juzgada, por lo que el actor podrá presentar una nueva demanda corrigiendo la omisión señalada. Este pronunciamiento reafirma la importancia de agotar los mecanismos previos administrativos para garantizar el debido proceso y evitar demandas improcedentes que puedan entorpecer la administración pública.

Contexto normativo y jurisprudencial

El Tribunal recordó que el requisito de constitución en renuencia no es un simple derecho de petición, sino una solicitud con el fin específico de cumplir el requisito de procedibilidad para la acción de cumplimiento. Además, debe indicarse con precisión el mandato incumplido, para que el juez pueda verificar la obligación que debe ser acatada. Este criterio ha sido reiterado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, consolidando un estándar claro para la admisión de estas acciones. En conclusión, esta decisión judicial subraya la necesidad de cumplir con los procesos administrativos previos antes de acudir a la jurisdicción, fortaleciendo el orden y la transparencia en la gestión pública. Así, se promueve una administración eficiente y respetuosa de los procedimientos legales establecidos, evitando que se presenten demandas sin fundamento que puedan retrasar la resolución de conflictos y afectar la función pública.