Antecedentes y pretensiones de la demanda

La demanda fue presentada contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena S.A.S., el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena y la Aeronáutica Civil, con el fin de proteger derechos colectivos como la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público. Los demandantes solicitaron la suspensión de la Resolución No. 20232000003805, que declara de utilidad pública e interés social el proyecto de Asociación Público Privada (APP) para la ampliación del aeropuerto, así como la suspensión del contrato de concesión APP No. 001 de 2023 suscrito entre la ANI y la operadora. Los fundamentos de la demanda se basaron en la presunción de afectación de predios inmuebles aledaños al aeropuerto, la falta de identificación precisa de los predios objeto de la declaratoria de utilidad pública, la ausencia de participación comunitaria en el proyecto y la falta de modificación del Plan de Ordenamiento Territorial para contemplar el proyecto.

Consideraciones jurídicas y decisión del tribunal

El tribunal recordó que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, el juez de la acción popular no tiene competencia para anular contratos estatales ni para adoptar medidas consecuenciales como la suspensión definitiva de los mismos. Estas competencias corresponden al juez natural del contrato, quien es el encargado de resolver sobre la nulidad y sus efectos dentro de la acción contractual. El análisis indicó que la acción popular tiene un carácter preventivo y autónomo, y no puede invadir competencias de la administración ni del juez ordinario. Por tanto, la suspensión del contrato de concesión o de la resolución administrativa no es...