El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en su Sección Primera Subsección “A”, emitió una decisión respecto a una demanda interpuesta en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos. La acción popular fue presentada por la presidenta de una junta de acción comunal contra el Instituto de Desarrollo Urbano, la Alcaldía Local de Engativá y la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), todas entidades del orden distrital, por presunta vulneración de derechos constitucionales relacionados con el espacio público, la movilidad, la seguridad y la salubridad públicas, el ambiente sano, la participación ciudadana, la igualdad y el derecho de petición.

Antecedentes y pretensiones de la demanda

La demanda buscaba que se admitiera la acción popular, se estableciera la entidad competente para solucionar la problemática del barrio, se ordenara la realización de obras de mantenimiento y rehabilitación en la malla vial y andenes, se adoptaran medidas cautelares para evitar perjuicios a la comunidad y se impusieran sanciones en caso de omisión por parte de las autoridades.

Competencia judicial para conocer la acción popular

El tribunal analizó las disposiciones legales aplicables, en particular el artículo 16 de la Ley 472 de 1998, que establece que en primera instancia conocerán de las acciones populares los jueces administrativos y civiles de circuito, y en segunda instancia determinados tribunales contencioso-administrativos. Además, revisó los artículos 152 y 155 de la Ley 1437 de 2011, modificados por la Ley 2080 de 2021, que precisan que los tribunales administrativos conocen en primera instancia los asuntos contra autoridades del orden nacional, mientras que los jueces administrativos corresponden...