El tribunal asumió competencia para conocer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en un proceso contra la Nación - Rama Judicial. La demanda cuestiona la resolución que negó la reliquidación y pago de prestaciones sociales y la prima especial del 30% establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

Procedimiento y fundamentos de la sentencia anticipada

Se dictó sentencia anticipada conforme al Decreto 806 de 2020 y la Ley 2080 de 2021, dado que el caso es de puro derecho y las pruebas aportadas son exclusivamente documentales, sin tachas ni desconocimientos. El tribunal realizó un control de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad sobre el acto administrativo impugnado, que es la resolución que negó la solicitud de reliquidación y pago. Las pruebas decretadas incluyen la petición inicial, la resolución que negó el derecho, la notificación de dicha resolución, el recurso de apelación interpuesto y el reporte de servicios prestados por el demandante en la Rama Judicial.

Implicaciones para la rama judicial y los servidores

El tribunal evaluará si se quiebra la presunción de legalidad del acto administrativo para determinar la procedencia de condenar a la Rama Judicial al pago del reajuste equivalente al 30% de la remuneración mensual y las consecuencias prestacionales correspondientes. Se ordenó correr traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión por escrito en un término común de diez días, y al Ministerio Público para que rinda concepto si lo considera pertinente.

Contexto normativo y consecuencias prácticas

Esta sentencia anticipada es relevante porque delimita el alcance del reconocimiento de la prima especial del 30% para servidores judiciales. Además, reafirma...