El tribunal revisó el caso presentado por un exmiembro de la Policía Nacional sancionado disciplinariamente con destitución e inhabilidad general por 10 años debido a transgresión a la Ley 1015 de 2006, relacionada con solicitud directa de dádivas para omitir funciones. La sanción fue impuesta en primera instancia y confirmada en segunda instancia por la autoridad disciplinaria competente.

Análisis jurídico sobre la caducidad

El análisis jurídico se centró en la procedencia del rechazo de la demanda por caducidad, conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), en particular el artículo 164 que establece un término de cuatro meses para presentar demandas de nulidad y restablecimiento del derecho contados desde la comunicación, notificación o ejecución del acto administrativo. La Sala destacó que para casos disciplinarios con sanciones que impliquen retiro temporal o definitivo del servicio público, el término de caducidad se cuenta desde la notificación del acto de ejecución de la sanción, siempre que esta tenga incidencia efectiva en la terminación de la relación laboral. En el caso en estudio, la separación del servicio no se produjo por la ejecución de la sanción, sino por retiro voluntario anterior a la sanción disciplinaria.

Decisión y consecuencias

El tribunal determinó que la demanda fue presentada fuera del plazo legal, ya que el acto que culminó el proceso disciplinario fue notificado en junio de 2024 y la demanda se radicó en diciembre de 2024, superando el término de cuatro meses. Además, la solicitud de conciliación extrajudicial presentada posteriormente no suspendió el término de caducidad. Como resultado, se declaró probada de oficio la...