Antecedentes del caso

Una entidad de economía mixta del orden nacional, sujeta al régimen de empresa industrial y comercial del Estado, promovió una demanda ejecutiva contra un particular. La demanda se presentó inicialmente ante un juzgado promiscuo municipal en un municipio de Santander, lugar que la entidad consideró domicilio del demandado. Sin embargo, surgió un conflicto de competencia cuando otro juzgado de Bogotá reclamó su competencia, alegando que el domicilio principal de la entidad ejecutante se encuentra en esa ciudad y que allí debía tramitarse el proceso.

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