Antecedentes del caso

El conflicto surgió a raíz de hechos de violencia intrafamiliar entre una pareja, inicialmente atendidos por la Comisaría de Familia del municipio donde residía la víctima. Esta autoridad emitió inicialmente una medida de protección provisional y posteriormente una definitiva. Tras el incumplimiento de esta medida, se sancionó a ambas partes. Luego, al presentarse nuevos actos de violencia en la ciudad donde actualmente reside la víctima, la Comisaría de Familia de esa localidad inició un trámite por desacato a la medida, pero remitió el caso a la autoridad que inicialmente conoció del asunto, lo que generó un conflicto de competencia.

Consideraciones de la Corte Suprema

La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural recordó que las Comisarías de Familia, aunque son entidades administrativas, ejercen funciones jurisdiccionales en materia de protección de víctimas de violencia intrafamiliar. Por tanto, la Corte es competente para dirimir conflictos entre estas autoridades cuando pertenecen a diferentes distritos judiciales. Se destacó que la competencia corresponde a la Comisaría que inicialmente impuso la medida de protección definitiva, ya que esta autoridad conserva la función de garantizar su cumplimiento, incluyendo la tramitación de incidentes de incumplimiento, independientemente del cambio de domicilio de la víctima. La Corte enfatizó que la normativa especial no contempla la pérdida de competencia por dicho motivo, en línea con precedentes jurisprudenciales que establecen el principio de perpetuatio jurisdictionis.

Decisión y alcance

En consecuencia, la Corte Suprema declaró que la Comisaría de Familia que emitió la medida de protección definitiva es competente para conocer y tramitar todos los asuntos relacionados con el caso, incluyendo nuevos incidentes, aunque ocurran en...