Antecedentes del caso

El conflicto surgió entre el Juzgado Promiscuo Municipal de San Andrés de Sotavento y el Juzgado Dieciocho de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, a raíz de una demanda ejecutiva presentada por el Banco Agrario de Colombia S.A., que reclamaba el saldo insoluto de unos pagarés. El banco radicó la demanda inicialmente en San Andrés de Sotavento, argumentando que el caso estaba asociado a la sucursal ubicada allí. El juzgado de San Andrés de Sotavento se declaró incompetente, argumentando que, al tratarse de una entidad pública, el proceso debía tramitarse en la capital, Bogotá, donde está ubicado el domicilio principal del banco. Por su parte, el juzgado de Bogotá también rechazó la competencia, señalando que el asunto estaba vinculado a la agencia local en Córdoba y debía conocerlo el juzgado de esa municipalidad. Ante estas posiciones contrapuestas, se planteó el conflicto que fue remitido a la Corte Suprema para su definición.

Consideraciones jurídicas

La Corte recordó que la competencia territorial general en procesos contenciosos corresponde al domicilio del demandado, salvo disposición legal en contrario. Estas excepciones pueden ser concurrentes por elección, concurrentes sucesivas o exclusivas (privativas). En este caso, la regla relevante es la competencia privativa establecida para procesos en los que sea parte una entidad pública, como el Banco Agrario. Según el artículo 28 numeral 10 del Código General del Proceso, la competencia para conocer procesos en los que actúa una entidad descentralizada o cualquier otra entidad pública recae privativamente en el juez del domicilio de dicha entidad. Además, se aclaró que esta regla no se limita al domicilio principal,...