La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia conoció un conflicto de competencia suscitado entre un juzgado civil municipal de Neiva y otro de Bogotá, a propósito de una demanda ejecutiva hipotecaria promovida por una entidad pública nacional contra una persona natural.

Antecedentes del caso

La entidad pública presentó la demanda ante el juzgado de Neiva, basando su competencia en la ubicación del inmueble dado en garantía y en la cuantía de la acción. El juzgado de Neiva renunció a su competencia argumentando que, al tratarse de una entidad pública, el proceso debía tramitarse ante los jueces de la ciudad capital, lugar del domicilio del demandante, conforme al numeral 10° del artículo 28 del Código General del Proceso. Por su parte, el juzgado de Bogotá también se declaró incompetente por la ubicación de la garantía hipotecaria en Neiva, motivando la presentación del conflicto ante la Corte Suprema.

Consideraciones jurídicas sobre la competencia territorial

La Corte recordó que la regla general de competencia territorial en procesos contenciosos corresponde al domicilio del demandado, salvo disposición legal en contrario. Existen excepciones que imponen competencia exclusiva o privativa, entre ellas, aquellas basadas en la calidad de las partes (como las entidades públicas) y las relacionadas con derechos reales sobre bienes inmuebles. El numeral 5 del artículo 28 del Código General del Proceso establece que en procesos contra personas jurídicas públicas, el juzgado competente es el del domicilio principal de la entidad. En contraste, el numeral 7 del mismo artículo dispone que en procesos que versen sobre derechos reales, el juez competente es el...