Antecedentes del caso

Un juzgado municipal y un juzgado de pequeñas causas y competencia múltiple entraron en conflicto sobre quién debía conocer un proceso ejecutivo promovido por una entidad financiera pública nacional contra un obligado. El proceso busca el pago de obligaciones incorporadas en pagarés suscritos en una localidad distinta a la del domicilio principal de la entidad demandante. La entidad financiera posee sucursales y agencias en diversas regiones del país.

Criterios aplicados para resolver el conflicto

La Corte Suprema, como superior funcional común, resolvió el conflicto con base en los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y la Ley 270 de 1996. En primer lugar, se analizó el factor territorial, que determina la competencia en función del domicilio del demandado y el lugar de cumplimiento de las obligaciones. La ley permite al actor escoger entre el juez del domicilio del demandado o del lugar del cumplimiento para iniciar el proceso. Sin embargo, existen fueros privativos que asignan competencia exclusiva al juez del domicilio de la entidad pública cuando esta es demandada. Aun así, la Corte señaló que, al tratarse de entidades con múltiples domicilios o agencias, es válida la competencia del juez del lugar donde se suscribieron los documentos y donde opera la agencia vinculada al negocio jurídico. Por ello, un actor puede optar por la sede principal o una sucursal siempre que el asunto esté relacionado con esta última.

Decisión y alcance práctico

La Corte concluyó que el juzgado municipal de la localidad donde se firmaron los pagarés y donde opera la agencia de la entidad financiera es competente para conocer...