Contexto y hechos relevantes

En un colegio de Bogotá, la rectora, junto con la psicóloga y la veedora de la institución, fueron investigadas y condenadas por actos de discriminación agravados, falsa denuncia contra persona determinada y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios, en un caso relacionado con la relación sentimental consentida entre dos estudiantes. La rectora condicionó la continuidad escolar de uno de los jóvenes a que sus padres denunciaran un supuesto acoso sexual que, en realidad, no existió. Se comprobó que las directivas escolares restringieron derechos fundamentales de los estudiantes involucrados, alteraron versiones de testigos y limitaron el acceso de la Fiscalía a documentos y pruebas clave durante la investigación.

Antecedentes procesales y acusaciones

La Fiscalía formuló imputación contra la rectora, la psicóloga y la veedora, señalándolas como coautoras de los delitos mencionados. Aunque la veedora suscribió un preacuerdo, la rectora y la psicóloga continuaron el proceso penal. La rectora fue condenada a 106 meses de prisión, multa y a la inhabilitación para ejercer funciones públicas, con la sustitución de prisión domiciliaria. La defensa interpuso recurso extraordinario de casación, alegando diversas violaciones procesales y errores en la valoración de la prueba, entre ellas una supuesta distorsión en la naturaleza del documento presentado como denuncia y la violación del principio de congruencia al cambiar la calidad de participación de la condenada.

Consideraciones de la Sala de Casación Penal

La Sala examinó las alegaciones y concluyó que: - La acusación y condena mantuvieron el mismo núcleo fáctico desde la formulación de cargos hasta la sentencia, respetando el derecho a la defensa y el debido proceso. - La calificación...