Contexto del caso

En 2015, la Fiscalía General de la Nación recibió información sobre una organización criminal en el departamento de La Guajira, dedicada al tráfico de armas de diferentes calibres, incluyendo municiones de uso restringido y explosivos. Estos elementos provenían de unidades militares o policiales, o ingresaban al país por la frontera con Venezuela. La red comercializaba armamento a grupos armados ilegales y delincuencia común. Tras investigaciones que incluyeron interceptaciones telefónicas, análisis de bases de datos y allanamientos, se logró identificar y capturar a varios integrantes de la organización. La defensa de uno de los condenados interpuso una demanda de casación contra la sentencia que confirmó la condena por delitos relacionados con fabricación, tráfico y porte de armas y concierto para delinquir.

Argumentos de la defensa

La defensa alegó que existió una vulneración del derecho a la contradicción y al debido proceso, debido a la falta de cotejo de voces en las interceptaciones telefónicas que sustentaron parte de la condena. También señaló que la acusación no especificó claramente la participación concreta del procesado en la organización ni las circunstancias de tiempo y modo de los delitos imputados. Se argumentó que, aunque podría existir responsabilidad por tráfico de armas de uso privativo de las fuerzas armadas —prueba que fue aceptada—, no existían pruebas suficientes para condenar por tráfico de armas de defensa personal y concierto para delinquir. Se solicitó la absolución por estos últimos delitos y una redosificación de la pena.

Consideraciones de la Corte Suprema

La Corte recordó que en procesos con aceptación o allanamiento a cargos el estándar probatorio es diferente, ya que el imputado...