Contexto del caso y antecedentes

En un proceso judicial iniciado por la presentación de un oficio con una solicitud de legalización minera, se determinó que se había presentado una falsedad en la fecha de radicación del documento con el fin de obtener una concesión minera fuera del plazo legal. La autoridad administrativa correspondiente inició un trámite para adjudicar la concesión, pero se detectó superposición con otra solicitud presentada posteriormente, lo que generó la investigación penal. El proceso judicial culminó con una sentencia condenatoria por fraude procesal, impuesta por el juzgado penal de circuito y confirmada en segunda instancia. La condena incluyó pena de prisión, multa e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. La defensa interpuso recurso extraordinario de casación contra esta decisión.

Motivo del recurso y análisis de la Corte

El recurso se fundamentó en una supuesta valoración errónea de la prueba pericial grafológica, específicamente en que la sentencia habría atribuido erróneamente la comparación de varias firmas cuando sólo se analizó una. Se alegó que esto constituía un falso juicio de identidad, lo cual habría afectado la valoración probatoria y, por ende, la condena. La Corte Suprema examinó la demanda y concluyó que no existió alteración en la valoración de la prueba pericial. El dictamen grafológico fue realizado por un experto del cuerpo técnico investigativo, quien cotejó adecuadamente múltiples muestras indubitadas de la funcionaria pública involucrada. El informe pericial concluyó que la firma cuestionada no correspondía a la grafía habitual de la servidora pública, confirmando la falsedad del documento. Además, la Corte destacó que la defensa no acreditó la incidencia del supuesto error en la...