La Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de Casación Penal, analizó las solicitudes probatorias presentadas en el marco de un proceso de extradición promovido por el Gobierno de los Estados Unidos de América. El ciudadano colombiano requerido enfrenta acusaciones relacionadas con delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas, conforme a una acusación emitida por una Corte Distrital estadounidense.

Antecedentes y marco normativo

El trámite de extradición fue iniciado tras la solicitud formal del Gobierno estadounidense, recibida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En cumplimiento de la normativa interna y los tratados internacionales vigentes, la Fiscalía General ordenó la captura con fines de extradición, concretada por las autoridades policiales. La Corte recordó que la evaluación del trámite debe ajustarse a los requisitos establecidos en la Constitución Política y en el Código de Procedimiento Penal, así como a los tratados internacionales aplicables, en especial el tratado de extradición vigente entre Colombia y Estados Unidos.

Pruebas decretadas y criterios aplicados

La Corte señaló que las pruebas solicitadas deben ser conducentes, pertinentes y útiles para verificar aspectos clave como la validez formal de la documentación, la identidad del requerido, la incriminación de la conducta en ambos países, la equivalencia de la providencia extranjera y la prohibición de doble juzgamiento (non bis in ídem). En este sentido, se accedió a las solicitudes probatorias para que la Fiscalía General informe sobre la existencia de procesos penales en curso o anteriores contra el requerido por los mismos hechos o conductas relacionadas. Asimismo, se ordenó requerir a la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL información sobre posibles investigaciones...