Antecedentes del caso

El caso se originó cuando una persona, luego de haber vendido una motocicleta hace más de diez años y comprobar que el comprador no realizó el trámite de traspaso, comenzó a recibir multas de tránsito a su nombre. La persona afectada solicitó ante la entidad de tránsito un certificado de traspaso a persona indeterminada y, posteriormente, pidió el amparo de sus derechos fundamentales de petición y debido proceso mediante una acción de tutela. El juzgado penal municipal con funciones de control de garantías de Cali declaró su falta de competencia territorial, argumentando que el asunto debía ser conocido por los juzgados municipales de Buenaventura, lugar donde se generaba la presunta vulneración. Sin embargo, el juzgado civil municipal de Buenaventura también rechazó su competencia, señalando que corresponde al juez del lugar de domicilio del accionante.

Consideraciones jurídicas

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, con base en el artículo 17 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, estableció que los jueces competentes para conocer de acciones de tutela son aquellos con jurisdicción en el lugar donde ocurrió la violación o amenaza de derechos fundamentales o donde razonablemente puedan colegirse los efectos de la lesión. La Corte reiteró que el sistema de competencia preventiva permite al accionante escoger el juez ante quien presentar la tutela, siempre que en ese lugar se produzcan el acto lesivo o sus efectos. Se aclaró que el sitio de ocurrencia no se limita al lugar del acto en sí, sino también incluye el domicilio del afectado, el lugar donde...