Contexto del litigio y antecedentes

La acción de tutela fue promovida contra la Gobernación del Departamento de Bolívar - Secretaría de Salud, debido a la exigencia de presentar la tarjeta de conducta por prestación del servicio militar obligatorio para actualizar el RETHUS como médico especialista. El solicitante había sido exonerado previamente del servicio social obligatorio en salud por razones médicas, pero la resolución administrativa que acogió su solicitud incluyó incorrectamente una causal relacionada con el cumplimiento del servicio militar. Ante la falta de respuesta a su petición de corrección, se presentó la tutela.

Conflicto de competencia entre juzgados

El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Cartagena declaró su incompetencia territorial, argumentando que la sede de la entidad demandada estaba en Turbaco (Bolívar) y que el actor residía en Montería, lugar donde se producían los efectos de la vulneración. Por su parte, el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Montería también rechazó conocer del asunto, atribuyendo la competencia al primer juzgado, dado que la acción se había radicado allí inicialmente.

Criterios para asignar la competencia en acciones de tutela

La Corte recordó que, según la normativa vigente (artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y normas posteriores), la competencia para conocer de una tutela corresponde a los jueces del lugar donde ocurrió la violación o donde razonablemente pueda colegirse que se producen sus efectos. Este sistema permite al accionante escoger el juez entre estos lugares, ya sea el sitio de origen del acto o el lugar donde reside o recibe el perjuicio.

Decisión y consecuencias prácticas

Dado que el accionante reside en Montería y no mantiene vínculo con Cartagena ni con Turbaco, la Corte atribuyó la competencia al Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Montería. Se ordenó remitir el expediente a dicho juzgado para que continúe con el trámite y decisión de la tutela. Esta resolución ratifica la flexibilidad del sistema de competencia en acciones de tutela, privilegiando la protección efectiva de los derechos fundamentales desde el lugar donde se sienten sus efectos. Esta decisión es relevante para abogados y funcionarios públicos, ya que aclara el alcance de la competencia territorial en procesos constitucionales, especialmente en casos que involucran entidades públicas con sedes en distintas localidades. La resolución garantiza que los ciudadanos puedan acudir al juez más adecuado para la protección de sus derechos, facilitando el acceso a la justicia y evitando dilaciones por conflictos competenciales. En conclusión, la Corte Suprema fortalece así el acceso efectivo a la justicia y la protección integral de los derechos fundamentales en el ámbito de la salud y la función pública.

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La Corte Suprema define competencia en conflicto por acción de tutela relacionada con exoneración de servicio social obligatorio en salud

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